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La propiedad común no debe confundirse con la propiedad pública. En la propiedad pública, defendida a menudo por notables reformadores sociales, el Estado u otro cuerpo político es dueño de la producción. Los trabajadores no son los dueños de su trabajo, sino que reciben órdenes de funcionarios estatales, que lideran y dirigen la producción. Cualesquiera sean las condiciones de trabajo, por más humano y considerado que sea el trato, el hecho fundamental es que no son los trabajadores, sino los funcionarios, los que disponen de los medios de producción y del producto, manejan todo el proceso, deciden qué parte del producto se reservará para innovación, para mejoras, para gastos sociales, y qué parte les tocará a los trabajadores y qué parte a ellos mismos. En síntesis, los trabajadores aún reciben salarios, una parte del producto determinada por los dueños. Bajo la propiedad pública de los medios de producción, los trabajadores están aún sujetos a la clase dominante y son explotados por ésta. La propiedad pública es un programa de la clase media que propugna una forma modernizada y disfrazada de capitalismo. La propiedad común en manos de los productores es la única meta posible de los trabajadores. (es) |
